Con el objetivo de que las empresas que apoyen o patrocinen programas que promuevan ambientes preventivos en favor de la niñez y la juventud obtengan estímulos fiscales, las diputadas panistas Santa Alejandrina Corral Quintero y Amintha Guadalupe Briceño Cinco, presentaron iniciativa que adiciona la fracción VI al artículo 10 de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el estado de Baja California.
Estos programas tienen como objetivo promover una cultura de prevención social, como principal medio de protección para detectar y atender oportunamente problemas de conducta, adicciones, deserción escolar, alteraciones en el estado de ánimo (depresión, bipolaridad, etcétera), maltrato infantil, rebeldía, entre otros, que se relacionan con las conductas de tipo antisocial. Es decir, se trata de evitar que los niños, adolescentes y jóvenes, se involucren en algún delito y, en consecuencia, puedan ser privados de su libertad.
De igual forma, las legisladoras expresaron que estas acciones también fortalecen la participación ciudadana, la solidaridad y el compromiso de la comunidad en la promoción de la salud y del bienestar social a través de la vinculación intersectorial e interinstitucional y la consolidación de redes comunitarias que fortalecen prácticas participativas y la inclusión en un modelo solidario.
En su exposición de motivos, resaltaron ejemplos como el Programa de Centro de Integración Juvenil A.C. (CIJ) que cuenta con estrategias acordes a la edad y etapa de desarrollo de las personas para prevenir riesgos y daños específicos, enfatizando la relevancia de la prevención desde edades tempranas y con usuarios de drogas; o el programa D.A.R.E. (Drugs Abuse Resistence Education), que en México lo denominamos «Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas», creado en Los Ángeles California, Estados Unidos en 1983, y desde el mes de octubre de 2002, Mexicali tiene el título de Centro Nacional de Capacitación, proporcionado por D.A.R.E. América.
“Los Gobiernos deben apostar por desarrollar y aplicar políticas públicas que prioricen la prevención de los problemas que aquejan a la sociedad, como son la delincuencia, la violencia, las adicciones, las enfermedades, el cuidado y protección del medio ambiente, sólo de esta manera podremos anticiparnos a dichos problemas y en caso de que estos aun así se presenten en la comunidad, sean en menor cantidad y sean atendidos con la inmediatez requerida”, indicaron las diputadas.
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