Militares a cargo del General Gilberto Landeros torturaron en el 2011 a dos ciudadanos en Tijuana de acuerdo a una recomendación que emitió la CNDH. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por tortura contra un detenido en Tijuana en enero del 2011, donde acusan a elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP) y personal de la Segunda Zona Militar a cargo del general Gilberto Landeros Briceño, actual Secretario de Seguridad Ciudadana.

En la recomendación 01/22 se instruye al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a reparar de manera integral el daño causado a dos víctimas de tortura.

Los hechos están relacionados con abusos cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, donde se empodero al Ejército Mexicano en contra del narco.

La CNDH confirmó que agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) y militares incurrieron en detenciones arbitrarias, retención ilegal y en actos de tortura en agravio de dos masculinos detenidos el 19 de enero de 2011.

En estás fechas era gobernador José Guadalupe Osuna Millán, el secretario de Seguridad Pública en el Estado y a cargo de la PEP era Daniel de la Rosa Anaya.

En la Comandancia de la Segunda Región Militar estaba Alfonso Duarte Mujica y el comandante de la segunda Zona Militar con sede en Tijuana el general Gilberto Landeros.

Las víctimas quedaron atrapados en medio de una persecución policiaca y fueron acusados de delincuencia organizada y homicidio.

Uno de los denunciantes señala que se mantuvo refugiado en una tienda, donde se encontraba comprando, y al salir se topó con “personas armadas y encapucharon que lo acusaron de ser uno de los que había huido”, por lo que fue esposado y subido a un vehículo oficial “donde fue objeto de agresiones mientras lo interrogaban” sobre personas a las que no conocía.

De acuerdo a la víctima, fue trasladado a una base policial de la PEP-BC, donde fue sometido a actos de tortura, entre el intento de asfixia, para después se entregado a elementos del Ejército mexicano, a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde fue sometido a toques eléctricos, golpes en el cuerpo con un bate, y se “le introdujo un rifle en la boca, para después sacar el cañón del arma de un jalón tirándole un diente y otro más lo perdió días después”.

La segunda víctima narró que ese 19 de enero, escuchó disparos cuando se encontraba en su domicilio, salió a verificar lo que estaba pasando, y advirtió que “elementos militares pasaban por el lugar casa por casa” y, al llegar a la suya, “los soldados lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo”,  preguntándole “si era él el que había corrido”, para después subirlo a una camioneta de la PEP-BC para ser trasladado a instalaciones de la corporación, donde lo volvieron a golpear, le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, lo tiraron en una colchoneta, “le colocaron un trapo en la boca y le arrojaban agua”, todo ello mientras lo cuestionaban sobre “donde estaban las armas y las casas de seguridad”.

Ante esos hechos, la CNDH recomendó al secretario de la Defensa y a la gobernadora de la entidad, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que “se brinde la reparación integral del daño a las personas agraviadas en términos de la Ley General  de Víctimas, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica y psicológica, a provisión de medicamentos y que incluya una compensación con base en las evidencias planteadas”.