Desde la toma de protesta del 1 de noviembre de 2021, el Sistema Penitenciario del Estado se ha dado a la tarea de cumplir con la instrucción de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, de corregir errores y realizar los cambios a problema heredados, en atención de las personas privadas de la libertad, afirmo el coordinador médico del Sistema Estatal Penitenciario, Ramón Álvarez Martínez.
El funcionario dijo que ha sido preocupación de la comisionada Ma. Elena Andrade Ramírez, el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como el mejoramiento continuo de las condiciones que les permitan una vida digna al interior de los CERESOS y de los Centros de Internamiento para Adolescentes.
De tal manera, se han atendido las solicitudes de quienes viven en los Centros de Reinserción Social y las de sus familiares, por lo que se han realizado las acciones necesarias para mejorar sus condiciones de Internamiento. Un ejemplo es el cambio de concesionario de alimentos.
«Hemos proporcionando información de primera mano en diversas reuniones con representantes de los familiares, en especial a los del CERESO de Tijuana, demostrando con ello nuestra voluntad de atenderlos como se merecen con la firme intención de mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad», puntualizó.
Dijo que dichas reuniones se llevaron a cabo por instrucciones y con la presencia de la comisionada como máxima autoridad del Sistema Estatal Penitenciario, además del Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana y de varios Directores y Subdirectores con el fin de conocer y atender sus peticiones y sugerencias de manera inmediata.
Tras conocer un documento publicado en redes sociales, el funcionario reiteró que la comisionada está comprometida en dialogar con los grupos que así lo requieran, siguiendo la tónica de un gobierno humanista.
Álvarez Martínez precisó que, en efecto, hay lamentables decesos por enfermedades crónico degenerativas y los pacientes de mayor edad son los más vulnerables, sin embargo, a todas las personas privadas de la libertad se les brinda atención médica en el propio Cereso, y, si se requiere, se les traslada a hospitales de la Secretaría de Salud.
En ese sentido, comentó que se atenderá la denuncia a través de órgano de control interno, además se investigará y se actuará conforme derecho, ya que es un compromiso de la comisionada salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en los términos que establece la ley.
En asuntos propiamente médicos, Álvarez Martínez aclaró que se hizo un recuento de las acciones que se han realizado durante los primeros cuatro meses de la administración, con el fin concreto de prevenir enfermedades y brindar atención médica al personal en los Ceresos y CIAS del Estado.
Asimismo, agregó que se desplegaron varias brigadas médicas para la atención de las personas privadas de la libertad, y se ejecutaron jornadas de vacunación para protegerlos de la pandemia de Covid-19. También se atendió a personal de administración y de custodia penitenciaria.
“Se realizaron pruebas rápidas para detección del virus de hepatitis C a las personas privadas de lal libertad en los Centros Mexicali, Hongos 1 y 2, Tijuana y Ensenada actualmente, con un total de 13 mil personas”, dijo el funcionario.
También se aplicaron tratamientos de antivirales a las personas privadas de la libertad que dieron positivo a hepatitis C por parte de la Secretaría de Salud del Estado, y fueron realizadas valoraciones por psiquiatría en los CERESOS y en los Centros de Reinserción para Adolescentes, así como valoraciones por traumatología y ortopedia.
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