VERACRUZ.- La comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California, (CESISPE), Ma. Elena Andrade Ramírez, participó en la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, celebrada en el WTC de Boca del Río, Veracruz, donde se analizaron los avances y retos que enfrenta un Sistema Penitenciario garantista de los derechos humanos que ha impulsado el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Andrade Ramírez, afirmó que ha sido instrucción de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, que en la entidad se trabaje en concretar acciones que permitan mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, de tal manera, que se ha avanzado en la certificación internacional de los Centros de Ensenada y de El Hongo de Tecate.
Enfatizó que la consolidación del Sistema Penitenciario debe garantizar seguridad y gobernabilidad, así como respeto irrestricto a los Derechos Humanos, todo ello para poder lograr una reinserción social efectiva.
El acto inaugural estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y presidida por el comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Antonio Hazael Ruíz Ortega.
La comisionada explicó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las estrategias para el buen funcionamiento, administración y operación de los Centros Penitenciarios federales y estatales: cómo mejorar la gobernabilidad de los Centros Penitenciarios; el fortalecimiento del Comité Intersecretarial Federal; fortalecer las bases de datos de información penitenciaria; conservar el orden y la disciplina con respeto a los Derechos Humanos en coordinación con las CNDH y CEDH; intensificar operativos de ingreso a los Centros Penitenciarios y la debida atención de los familiares de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, dar certeza jurídica a la población penitenciaria para acceder a beneficios pre liberaciones revisando expedientes del fuero común y federal dando importancia a grupos de indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, y enfermos crónicos y, las solicitudes de traslado a Centros Federales que serán atendidos por el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Socia
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