SISTEMA FISCAL NI EQUITATIVO, NI PROPORCIONAL: GINA CRUZ 

La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó que aún no contamos con un sistema fiscal con equidad ni proporcionalidad, y solo se han combatido en los últimos años algunas estrategias criminales de defraudación fiscal, además, la autoridad en la materia abusa de la figura de la miscelánea fiscal en lugar de aplicar las leyes vigentes.

Lo anterior, durante la comparecencia de Félix Arturo Medina Padilla, candidato a Procurador Fiscal de la Federación ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la cual, Gina Cruz funge como secretaria.

La legisladora por Acción Nacional señaló que la Procuraduría Fiscal de la Federación es la institución encargada de ser la consejera jurídica de la Secretaría de Hacienda y por ende, defender al Estado en materia hacendaria.

Además de intervenir en los procedimientos penales en los que le sea requerido y proponer los lineamientos y opiniones jurídicas a diversas áreas de la Administración Pública Federal, al amparo del marco jurídico actual basándose en todo momento en la correcta aplicación de la Ley en sus actos.

“Si bien, podemos hablar de un antes y un después en la estructura fiscal y en nuestro sistema impositivo derivado de la reforma hacendaria de 2014, así como de un punto de inflexión en materia penal-fiscal a partir de las reformas de noviembre de 2019, que son resultado de las reformas en materia de justicia penal de 2008, de la de Derechos Humanos de 2011 y la expedición del Código Nacional de Procedimientos penales en 2014.

“Aún no contamos con un sistema fiscal con equidad ni proporcionalidad, y solo se han combatido en los últimos años algunas estrategias criminales de defraudación fiscal, planeadas por profesionales financieros llamados “factureros”, por lo que una política penal fiscal efectiva, debe basarse en combatir la defraudación existente, sin privilegios ni distinciones, y sin aumentar o crear nuevos impuestos”.

Gina Cruz observó que en nuestro país existen dos marcos jurídicos fiscales, uno bajo el amparo de las leyes y decretos que son revisados, discutidos y aprobados por el Poder Legislativo y que cumplen con todo el proceso que mandata nuestra Carta Magna, donde “en muchas ocasiones”, las decisiones de las y los legisladores están sustentadas en las inquietudes y demandas del sector académico, del sector empresarial y de di versas organizaciones de la sociedad civil.

Y otro marco jurídico que, sustentado en la interpretación de las Leyes y Decretos Vigentes, la autoridad fiscal dicta e impone mediante las “Resoluciones de Misceláneas Fiscales y sus constantes Modificaciones” figura que utiliza en demasía la hacienda pública para legislar y adecuar su marco jurídico de actuación, conteniendo obligaciones de procedimientos y transparencia, interpretando, dejando de aplicar o sustituyendo la Legislación en contra de los objetivos para los cuales fueron creadas y diseñadas las Leyes Fiscales.

Explicó que la política fiscal constituye uno de los pilares fundamentales para el Estado, mediante los ingresos en sus disposiciones impositivas y administrativas, así como por medio de los egresos y la ejecución del gasto público, y por lo tanto tener el conocimiento y la certeza del marco jurídico en el que esta se desempeña.

Por lo que esto es clave en un entorno cada vez más dinámico que debe adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y sociales, que exigen contar con leyes, disposiciones, estudios y opiniones colegiadas en defensa de los recursos públicos, pero sin afectar a los contribuyentes, aseveró Gina Cruz.