ESPECIAL.- En México, la censura ya no se manifiesta sólo con amenazas o violencia física. Hoy avanza entre expedientes judiciales y resoluciones de tribunales.
Según datos de la organización ARTICLE 19, entre enero y julio de 2025 se abrieron 51 procesos legales contra periodistas y medios de comunicación, el mayor número registrado en años. En promedio, cada cuatro días un comunicador enfrenta una nueva demanda.
La estrategia, advierten especialistas, apunta a desgastar a la prensa crítica sin necesidad de recurrir a métodos violentos. “La censura se viste de legalidad: no te callan con balas, te callan con demandas”, resume un abogado defensor de periodistas.
Uno de los mecanismos más utilizados es la figura de violencia política en razón de género, concebida originalmente para proteger a las mujeres en el ámbito político.
No obstante, en meses recientes su uso se ha multiplicado en casos que involucran críticas legítimas a personajes públicos. Expertas en libertad de expresión alertan que el abuso de esta herramienta erosiona su objetivo original y la convierte en un instrumento de censura.
El caso de Silvia Delgado García, abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y hoy jueza, ilustra la tendencia. Durante su proceso de designación, presentó denuncias contra 14 periodistas y medios, alegando violencia política de género por notas críticas sobre su trayectoria.
Otro ejemplo es el de Karla Estrella, ciudadana de Hermosillo, sancionada por un tuit en el que cuestionaba a una candidata de Morena.
El Tribunal Electoral le impuso una disculpa pública, una multa, cursos de género y la inscripción en el registro nacional de personas sancionadas.
La lista de señalados incluye también a columnistas como Héctor de Mauleón, medios digitales y portales de análisis político.
“El uso de la violencia política de género se volvió un brote epidémico contra la libertad de expresión”, advirtió recientemente el abogado Miguel Alfonso Meza.
Las consecuencias son profundas y silenciosas: un periodista o medio demandado invierte tiempo y recursos en su defensa, se inhibe la crítica y se instala el miedo.
El patrón, insisten organizaciones de derechos humanos, no es accidental. Es un mensaje: cuestionar al poder puede salir caro, incluso sin una bala de por medio.
Diversos expertos piden revisar el marco legal para impedir el uso faccioso de las denuncias.
“Es indispensable preservar la figura para lo que fue creada: proteger, no censurar”, señaló Lucía Lagunes, directora de la agencia CIMAC.
De lo contrario, advierte, la democracia se ahoga en el silencio.
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