POR JOSÉ MANUEL YEPIZ
Mexicali.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace semanas que en Baja California iniciará el proceso de regularización de vehículos y aunque no se tienen detalles todavía, también resaltó que será sin afectar a las agencias automotrices.
¿Cómo hablar de una importación vehículos a bajo costo sin afectar a la industria automotriz nacional?
La industria automotriz ha sufrido el embate de la pandemia al reducir sus ventas desde el 2020, por lo que seguramente no estará de acuerdo con el proceso de regularización.
«Se dice que solo será en la frontera, pero se amplia a todo el territorio afectando a la industria nacional», se comenta entre directivos de agencias.
El Gobierno del Estado realiza un empadronamiento de vehículos irregulares, mismo que supuestamente servirá para que no se preste a la importación ilegal masiva después que se anuncie el decreto.
También busca limitar el negocio de los empadronamientos de empresas privadas como Omafapa y demás.
Sin embargo es un tema muy complicado garantizar el orden, porque se presta mucho a la corrupción, toda vez que se empiezan a ser trámites masivos con yarderos y demás.
La importación a bajo costo tendrá que ser un proceso muy vigilado, porque las historias recientes nos indica que hay quienes se han hecho millonarios con los trámites sobre carros «chocolates».
Los vehículos de procedencia ilegal representan uno de los principales problemas de inseguridad en Baja California, ya que casi en el 90% de los delitos se uso un carro ilegal.
El delegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe ha dicho que el costo de la importación andará entre los 4 y 5 mil pesos, con el fin que sea accesible para la mayoría de la gente.

No obstante, dependerá mucho de los modelos que entren al programa, toda vez que hay quienes usan vehículos casi de reciente modelo con placas de las organizaciones que supuestamente protegen el patrimonio de la gente.
El diputado local Manuel Guerrero, presentó un posicionamiento sobre el tema donde dijo que es necesario acabar con un problema grave de inseguridad pública, incertidumbre y de desvió de recursos de los bolsillos del pueblo a trinqueteros y corruptos.

Si finalmente el Presidente López Obrador anuncia detalles concretos sobre el proceso durante su gira que realizará por Baja California, habrá que ver cómo se coordinan las autoridades estatales y federales para que sea un programa realmente de apoyo a las familias más necesitadas y no sea una nueva oportunidad para hacer negocio de vivales.
El Gobierno del Estado busca que los recursos recabados se queden en la entidad, lo que vemos un poco complicado por los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.
Si le va tocar ser parte, veremos que beneficio hay para las arcas estatales ya a cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
@JMYEPIZ
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