Especial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 18 de septiembre de 2025 sanciones contra la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, designada como organización terrorista extranjera por su papel en el tráfico de narcóticos, lavado de dinero y corrupción de funcionarios locales.
Estas medidas se enmarcan en la estrategia del gobierno estadounidense para combatir las operaciones financieras del narcotráfico, tras la visita del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a la frontera entre Estados Unidos y México.
Las sanciones incluyen a cinco personas y 15 empresas vinculadas a las operaciones de Los Mayos en Rosarito, una región estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Entre los sancionados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito en dos periodos y actual diputada federal de Morena por el distrito que abarca Tijuana y Rosarito.
Según el Tesoro, Brown colaboró con Candelario Arcega Aguirre, un operador político, y Jesús González Lomelí, un empresario restaurantero acusado de lavar millones de dólares a través de negocios como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán. Estos actuaron como intermediarios de los hermanos René y Alfonso Arzate García, líderes regionales de Los Mayos, para corromper y controlar el gobierno municipal de Rosarito.
También se sancionó a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder del brazo armado de Los Mayos, acusado de dirigir operaciones de secuestro, tortura y asesinato. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Las sanciones, aplicadas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059 (contra el tráfico ilícito de drogas) y 13224 (contra el terrorismo), prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los sancionados y bloquean sus bienes en Estados Unidos. Además, instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con ellos podrían enfrentar sanciones secundarias. Esta acción se coordinó con la DEA, el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, sin mención de la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
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