• Preocupa a abogados de Baja California iniciativa de reforma morenista
• Demerita la carrera judicial
• Por el momento Morena no tiene la mayoría calificada necesaria para esta reforma
La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, manifestó ante la Fedabo, su rechazo a una iniciativa morenista referente a la elección por voto popular de jueces y magistrados, fue por instrucción del jefe del Ejecutivo a los legisladores de Morena, por los reveses que le ha propinado el Poder Judicial a sus iniciativas, y que su presidenta, Norma Piña, no se ha sometido a su voluntad.
Esta mañana, la legisladora por el PAN acompañó a la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en el Estado (Fedabo), que preside Hassan Franco, quienes manifestaron su preocupación por la iniciativa presentada por el senador por Morena Alejandro Armenta Mier el pasado 27 de abril, para la reforma del Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Gina Cruz mencionó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere de mayoría calificada en el Senado de la República, es decir, del voto a favor de por lo menos 85 de los 128 Senadores de la República, que por el momento, Morena no cuenta con este apoyo, sin embargo, no hay una fecha de expiración para dictaminar esta iniciativa.
“Existe el `Bloque de contención´ ante reformas Constitucionales, que los partidos de oposición han formado para lograr un contrapeso en la aprobación y discusión”.
Explicó que luego de diversas resoluciones por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidaran y resolvieran como inconstitucional la Reforma Político Electoral que el Presidente López Obrador presentó y fue avalada por el Poder Legislativo, diversos legisladores presentaron iniciativas para “agradar” al Presidente y proponer que las y los integrantes del Poder Judicial sean elegidos por medio del voto popular, principalmente los ministros de la SCJN.
Gina Cruz señaló que los ministros de la SCJN son electos de manera indirecta por el pueblo, ya que es el mismo Presidente de la República es quien envía las ternas al Senado para que el Legislativo en la facultad y control de equilibrio de poderes que le otorga la Constitución, avale o deseche las propuestas enviadas desde el Ejecutivo.
“La elección de las y los integrantes del Poder Judicial no es un tema de popularidad, sino de profesionalización y de conocimiento del derecho, que se realiza mediante un servicio de carrera judicial, de exámenes y filtros para poder acceder y ser parte del Poder Judicial”.
Gina Cruz mencionó que la designación o nombramientos de los actuales jueces constitucionales en México, busca cuidar la garantía que impide la injerencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en la resolución independiente de litigios sometidos al conocimiento del Poder Judicial, o como un principio que autoriza y obliga al Poder Judicial a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme al derecho, sin la intromisión de actores políticos, de manera imparcial, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas por parte de terceras personas.
Aseveró que los jueces deben poseer una profunda comprensión del derecho y la justicia, así como una amplia experiencia en el campo legal.
“La elección por voto popular no garantiza que los candidatos tengan la experiencia y el conocimiento necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz.
La elección de jueces por voto popular puede llevar a la politización del Poder Judicial donde los candidatos buscan obtener apoyo político o favores a fin de ganar elecciones, esto puede erosionar la confianza en la imparcialidad de los jueces y dañar la integridad del sistema judicial en su conjunto, reflexionó.
El Poder Judicial es la última línea de defensa para proteger los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. Un Poder Judicial independiente tiene la capacidad de actuar como un contrapeso ante el poder del gobierno t garantizar que se respeten los derechos constitucionales de todos, incluso en casos en que la mayoría podría estar en desacuerdo, expresó Gina Cruz.
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