PROPONE DIPUTADA ARACELI GERALDO MAYOR CASTIGO EN ROBOS A PLANTELES ESCOLARES 

• Presenta iniciativa de reforma al Código Penal en beneficio de los centros escolares que son víctimas de los delitos de allanamiento y robo

La diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa en beneficio de los centros escolares que son víctimas de los delitos de allanamiento y robo, por lo que propone una reforma al Código Penal para el estado de Baja California, mediante la cual se reforma el artículo 174, se deroga el inciso J del artículo 208 y se adiciona el artículo 201 QUATER.

En el documento se explica que la presente iniciativa, se refiere al estudio del delito de allanamiento de morada, pero relacionado al ilícito penal de robo, del cual diversos centros educativos son víctimas, en especial los de enseñanza pública, ya que según se ha advertido en noticias públicas y en denuncias realizadas por la sociedad civil, es un delito cometido en perjuicio de los centros escolares y quienes lo resienten en mayor grado son los estudiantes al quedar en estado de vulnerabilidad por la imposibilidad de recibir sus clases en dichos planteles escolares.

Por lo anterior, se considera que se trastocan derechos de rango constitucional, como es el derecho a la educación, al dejar a los educandos sin la posibilidad de llevar a cabo sus jornadas escolares de manera normal, siendo que la niñez y las juventudes son quienes están forjando los cambios y el crecimiento de esta nación, por lo que dichos delitos causan un grave daño social, además de las pérdidas materiales y económicas, por lo que resulta razonable mitigar los riesgos de seguridad en las escuelas, a partir de la adopción de medidas que permitan generar un adecuado balance entre los derechos que cada estudiante requiere.

Cabe destacar que el delito de robo en centros educativos se encuentra actualmente en el capítulo de robo calificado, sin embargo, la diputada Araceli Geraldo indica que, es preciso delimitar a mayor grado la descripción actual de las conductas que deben de penalizarse y el alcance de las penas a aplicarse con motivo de la comisión de dicho ilícito, por lo cual considera necesario establecerlo en un apartado independiente, limitado a las instituciones de educación pública o privada.