• “Es necesario que el estado garantice que los hospitales y clínicas cuenten con la asistencia de traductores de las lenguas indígenas”: Diputada Araceli Geraldo
Mexicali, B.C. Con el objeto de integrar el derecho a la atención médica para la población indígena, en cada una de las lenguas que se establezcan como predominantes en el Estado, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen número 8 de la Comisión de Asuntos Indígenas y Bienestar Social, respecto a iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública para el estado de Baja California.
La propuesta presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, destaca que México es un país multilingüe, ya que se hablan más de 60 lenguas indígenas, además es uno de los que cuenta con mayor diversidad lingüística en el mundo, sin embargo, estos grupos vulnerables enfrentan discriminación racial, dado que existe un desequilibrio e indiferencia colectiva entre las personas hispanohablantes y las personas indígenas.
En la iniciativa, la inicialista planteó la importancia de que el estado garantice que los hospitales generales, comunitarios e integrales que traten población indígena, cuenten con la asistencia de cuando menos un traductor de las lenguas indígenas dentro de las áreas de atención médica y trabajo social, que tenga conocimiento de su lengua y cultura, acorde con la población que se atienda.
Cabe destacar que la presente acción legislativa viene a extender el derecho humano para que las personas indígenas que no hablen suficientemente el español puedan recibir la atención médica que requieren de manera óptima, es decir, establece que las cualidades lingüísticas del personal médico deben ser más completas o bien integrar más personal que hable lengua indígena.
De allí que se aprobó la reforma al artículo 36 de la Ley de Salud para el Estado de Baja California, para que los integrantes del Sistema Estatal de Salud cuenten por lo menos con un médico, enfermera o traductor que hable cada una de las lenguas indígenas que establezcan como predominantes en el estado, según los datos aportados por el INEGI.
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