*Esta reforna no busca sancionar a quienes mantengan o instalen cámaras de videovigilancia en sus hogares
*La iniciativa contempla sanciones más severas contra quienes utilicen cámaras para cometer delitos
Con el fin de fortalecer la seguridad de las familias bajacalifornianas, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda firmó una iniciativa de reforma al Código Penal, con el propósito de sancionar con mayor severidad la instalación de cámaras o sistemas de vigilancia con fines ilícitos para obstaculizar la labor de las autoridades, misma que será enviada al Congreso del Estado de Baja California para su análisis y discusión.
En un compromiso del gobierno con la seguridad de las familias, informó que en lo que va de su administración se han retirado más de mil 600 cámaras parásitas utilizadas por fines ilícitos, la mayoría durante este año.
“Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, cerrando espacios a la delincuencia y reforzando la confianza en nuestras instituciones”, expresó la gobernadora.
Precisó que la propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión, además de multas de 200 a 400 UMAs y la reparación del daño para quienes manipulen cámaras oficiales o instalen sistemas de manera ilegal en la vía pública.
Avila Olmeda indicó que la reforma contempla sanciones más severas cuando estas conductas se cometan con apoyo de servidores públicos, equipos especializados de comunicación o cuando se utilicen a niñas, niños o adolescentes.
El Consejero Jurídico, Juan José Pon Méndez, explicó que la iniciativa de reforma al artículo 317 TER del Código Penal está orientada a sancionar a las personas que busquen obtener información de alguna institución de seguridad pública o de procuración de justicia, y que posteriormente la compartan con terceros con el objetivo de cometer, planear o encubrir algún delito.
Por último indicó que no se sancionará a quienes mantengan o instalen cámaras de videovigilancia en sus hogares. Esta reforma no afecta la labor de periodistas, investigadores o ciudadanía que ejerce sus derechos de información y participación social.
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