TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A 18 DE MAYO DEL 2022.- Con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración entre autoridades del vecino país del norte y Baja California, el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, participó en la “Cumbre Binacional de Fiscales Generales de Estados Unidos y México”, organizada por la Attorney General Alliance (Alianza de Fiscales Generales), en Phoenix, Arizona.
Durante el encuentro realizado el 10 y 11 de mayo del año en curso, las autoridades participantes analizaron temas como el Tratado de asistencia legal mutua y procedimientos de extradición, trata de personas, legalización del cannabis en Estados Unidos de Norteamérica, su impacto en el mercado de drogas ilegales y coaliciones público-privadas, así como las críticas en la lucha contra el flujo de mercancías ilícitas
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Ante los presentes, el Fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, expresó que con estas acciones estamos fortaleciendo la colaboración binacional, y en conjunto, buscamos mecanismos que permitan una colaboración más sólida a favor del firme combate al crimen en ambos lados de la frontera.
En esta vertiente, se planteó redoblar esfuerzos en materia de investigación y operatividad policial que permita desarticular bandas dedicadas al tráfico de drogas duras como el fentanilo, el cual representa un foco rojo para todas las instituciones.
“Para la Fiscalía General de Baja California, es de vital importancia continuar con la coordinación entre las diversas instituciones encargadas de captura de delincuentes y procurar la justicia, ante lo cual, se seguirán aplicando mecanismos que fortalezcan labor coordinada y evitar que los generadores de violencia se refugien en un país distinto al suyo, tratando de evadir a la justicia”, enfatizó Carpio Sánchez.
La FGE trabaja para combatir el narcomenudeo que, en muchas ocasiones, es la raíz de la problemática social que conlleva a la violencia, tráfico de armas y otros delitos que pueden derivar en actos lamentables, como los asesinatos.
El evento fue presidido por el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y contó con la participación de personal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; personal del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas en Estados Unidos; de la Coalición para la Política, Educación y Regulación del Cannabis, y de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, entre otras instituciones.
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